El mejor servicio que podemos hacer a España y a sus ciudadanos y empresas es que las administraciones públicas salden las deudas pendientes con miles de proveedores que hicieron unos trabajos que esperan cobrar. El gobierno de Rajoy hereda una situación pésima con un dato que no deja lugar a dudas: El conjunto de las administraciones públicas españolas cerraron 2011 con un déficit del 8.51 % del PIB, frente al 6 % previsto por el anterior Ejecutivo superando en dos puntos y medio el límite fijado por el anterior Gobierno. Además, La Seguridad Social, que en definitiva es la caja común de la que salen los fondos destinados a las pensiones y los subsidios de desempleo, acabó el año con un déficit de 995 millones de euros, el 0.09 % del PIB, mientras que el objetivo auguraba un superávit del 0.4 por ciento.
Con esta inquietante situación debe lidiar el gobierno de Rajoy en una situación de fuerte caida de los ingresos del estado. Además, la desviación de la seguridad social donde las previsiones eran de cerrar el ejercicio con superávit y que finalmente cierra con un déficit de 995 millones de euros establece un panorama inquietante debido al destino de dichos fondos ya que estamos hablando del sistema público de pensiones.
Con este panorama el gobierno de Mariano Rajoy ha establecido un plan de pagos para acabar con los impagos de las administraciones públicas. Porque, como ya se dijo en la campaña electoral, los que crean empleo son las empresas, las PYMES y los autónomos, y sin ellos será imposible salir de esta crisis. Para la creación de empleo no es imprescindible la intervención directa del estado, e incluso es deseable que el estado no intervenga de forma directa si lo que queremos es que los mecanismos del libre mercado funcionen de forma adecuada dejando a los órganos reguladores que trabajen con rigor. Por todo ello, saldar las deudas de las administraciones públicas con lo que constituye el verdadero motor de un país es algo crucial que este gobierno ha abordado en los primeros días de gobierno plasmándolo en un plan serio y riguroso al que todas las administraciones pueden optar. Dicho plan establece que Las obligaciones pendientes de pago no atribuidas todavía a ningún presupuesto, deberán aplicarse al vigente de 2012. Además en el mecanismo de financiación entran los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, considerados ámbitos esenciales por el Gobierno. El objetivo fundamental de este mecanismo es imprimir rapidez al funcionamiento de este mecanismo de liquidez por lo que antes del 1 de abril, las comunidades autónomas que deseen acogerse a este mecanismo deberán solicitar su inclusión en el mismo al Ministerio de Hacienda. Y después de remitir al Ministerio de Hacienda una relación certificada en el que figuren las obligaciones de cobro, las comunidades autónomas se comprometen a enviar al Ministerio de Hacienda un plan de ajuste para el periodo de amortización previsto de las deudas con proveedores. Este mecanismo de financiación se desarrollará durante todo el año 2012 comprometiéndose las comunidades autónomas a remitir al Ministerio de Hacienda una solicitud de endeudamiento por el importe total del crédito transmitido por sus proveedores a las entidades de crédito.
Eliminar la parálisis que durante 7 años ha sufrido nuestro sistema económico debe ser y es una prioridad para este gobierno. Es la primera de muchas medidas que deben colocar a España en los primeros puestos de los indicadores sobre libertad económica, prosperidad, competitividad, etc. que ya ocupamos en el pasado. Afrontando los problemas, estableciendo soluciones meditadas y rigurosas, haciendo sacrificios y con el compromiso de todos lograremos remontar esta situación.