La hoy conocida como economía social tiene una larga tradición en España. Las cofradías de pescadores, las cooperativas, las mutualidades o las sociedades laborales llevan existiendo décadas si no, incluso, más de un siglo en nuestro país. Las mutualidades, por ejemplo, son herederas de las sociedades de socorro mutuo que aparecieron en el siglo XIX y fueron, a su vez, herederas de las antiguas cofradías.
Con esto quiero señalar que las raíces de la economía social son muy profundas en España. Las empresas de la economía social se han desarrollado en paralelo a las sociedades de capital y han sabido consolidarse en nuestra realidad económica. La Ley 5/2011 de Economía Social permitió reflejar esta larga tradición en un texto legal y consiguió así afianzar un marco jurídico que dé cobertura legal al conjunto de entidades que integran la economía social.
Dentro de esta labor de defensa y promoción de la actividad de las empresas de economía social, me gustaría destacar la labor de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social –CEPES–. Desde su creación en 1992, CEPES se ha erigido como la organización líder en la representación de los intereses de las empresas de la economía social. Así lo atestiguan las 43.435 empresas a las que representa, a través de sus más de 200 estructuras de apoyo a escala autonómica.
Y, si se me permite, quisiera distinguir la labor de su presidente, Juan Antonio Pedreño, que no solo ha hecho escuchar con total nitidez la voz de las empresas de la economía social en España, sino que también lo ha hecho en Europa a través de su presidencia de Social Economy Europe (SEE), la máxima entidad representativa de la economía social en Europa. Es un honor tener a un paisano de Murcia que ejerza tan altas responsabilidades tanto españolas como europeas.
Es de justicia reconocer los méritos de todos aquellos que han hecho posible que hoy la economía social en España sea una realidad más que asentada. Pero además, creo importante señalar que, pese a los intentos de quienes atacan la libertad económica, la economía social no nos es ajena a los liberales. Antes bien, al contrario: lo que hoy conocemos como economía social, solo es posible que fructifique en un contexto económico de libertad. El dirigismo estatal en la práctica merma las oportunidades para crear un segmento económico en el que se priorice la toma de decisiones más en función de las aportaciones personales de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.
Por eso celebro y agradezco a los responsables de esta publicación que me inviten a participar en ella con estas pocas líneas. Porque creo que cuando hablamos de economía social, la clave es no tratar de adulterar su naturaleza para beneficiar determinados discursos ideológicos. Si por algo, esta economía ha logrado asentarse y desarrollarse en nuestro país ha sido porque ha permanecido fuera de los debates partidistas. Y así creo que debe seguir. Por eso, a todo intento de patrimonializar lo que es, en el fondo, el esfuerzo de empresarios y trabajadores por hacer presente la humanidad en la economía, creo que hay que responder con una única palabra: libertad.
Esa libertad la pusimos en práctica cuando en 2015, el Partido Popular, entonces en el Gobierno, impulsó el Programa de Fomento e Industria de la Economía Social. Este programa constituyó un éxito sin precedentes y, en parte, gracias a él hoy podemos felicitarnos por algunos datos como que emplee a más de 2 millones de personas y represente el 10 % del PIB o que el empleo que genera la economía social sea un empleo sin discriminación, mayoritariamente joven (dos de cada tres empleados no han cumplido los 40 años) y estable (el 80 % de los contratos son de carácter indefinido). Unos datos que, en el ámbito europeo, son igualmente positivos: 2 millones de empresas de economía social que dan empleo a más de 14,5 millones de personas y representan el 8 % del PIB de la UE.
Además, en el año 2015, España, junto con Francia, Italia, Luxemburgo, Eslovaquia y Eslovenia, suscribieron la Declaración de Luxemburgo. Un año después, suscribieron la de Bratislava y en 2017, la Declaración de Madrid. En Luxemburgo nos comprometimos a crear un ecosistema más amplio para las empresas de la economía social. En Bratislava, además de reafirmarnos en ese compromiso, España logró la creación del Plan de Acción Europeo de Apoyo a la Economía Social. Y en Madrid, nos conjuramos por apoyar el emprendimiento social. Todo ello, en años de gobierno del Partido Popular.
Pero, más allá de estas iniciativas específicamente dirigidas a la economía social, creo que es importante destacar que la economía española es una y no se fracciona en segmentos enfrentados, sean estos de la economía social o de la de capital. Me parece importante destacar que el sector de la economía social se beneficiará de la ejecución de unas políticas económicas ortodoxas como lo harán todos los demás sectores de la economía española. O, dicho de otro modo, la mejor receta que se puede ofrecer a la economía social es una política económica coherente que nos beneficie a todos.
Y es precisamente con esta idea con la que me gustaría terminar estas líneas. El compromiso del Partido Popular con las reformas que necesita la economía española es nítido. Cuando hablamos de una «revolución fiscal», nos referimos a bajar el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades y, también, a suprimir el impuesto sobre el patrimonio, las sucesiones y las donaciones. Aligerar la pesada carga fiscal de la economía española nos beneficiará a todos, también a las empresas de la economía social.
Esta revolución fiscal vendrá acompañada de una flexibilización de la economía y de una reducción del déficit público y de la deuda pública. Además, publicaremos las cotizaciones sociales en la nómina para que los trabajadores sepan cuánto se paga y el Gobierno tenga que dar más explicaciones sobre a qué destina el dinero de todos.
En suma, mayor libertad económica, mayor ortodoxia en el manejo de las cuentas del Estado, menor presión fiscal y todo ello, evidentemente, en beneficio de una mayor economía social.